Victoria Ortega, presidenta del CGAE, y Martí Batllori y Elisa Escolà, abogados del Grupo de Segunda Oportunidad de la Comisión de Normativa ICAB-CICAC, comparecen en el Congreso de los Diputados en nombre de la abogacía
Barcelona, 1 de marzo 2022. Se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, con el fin de llevar a cabo la transposición de la Directiva de la Unión Europea conocida como Directiva sobre reestructuración e insolvencia.
Ante este trámite legislativo y tal como el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha venido informando, desde la Comisión de Normativa ICAB-Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), con el apoyo de los grupos de trabajo de Segunda Oportunidad y Concursal, así como con la colaboración de diferentes comisiones y secciones, se han elaborado diversas propuestas de enmiendas que abordan diversos temas regulados en el referido proyecto de ley.
Entre ellas, merece la pena destacar, en primer lugar, la que mantiene la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva del deudor en el proceso especial de Segunda Oportunidad con plenas garantías, lo que hace imprescindible la intervención necesaria y, en todo caso, de asistencia letrada mediante un profesional de la abogacía y la representación procesal mediante procurador.
También es importante advertir que se reclama la necesidad de no excluir a los créditos públicos en los procesos de Segunda Oportunidad. Los deudores de buena fe insolventes o sobreendeudados podrán disfrutar de la plena exoneración de sus deudas sin que se excluyan estos créditos, pues esta circunstancia supone una sobreprotección de los mismos de forma injustificada y una grave limitación a efectos de la Segunda Oportunidad.
La idea de excluir el crédito público del sistema de exoneración previsto en el Proyecto de ley tiene un propósito meramente sancionador que indudablemente perjudica el interés del Estado puesto que la imposibilidad de pago del deudor, lejos de crear una conciencia tributaria, le empuja a la economía sumergida. Y es que esta situación, la mayoría de las veces, imposibilita hacer frente ni siquiera al principal de las deudas tributarias y con mayor dificultad a las sanciones que les acompañan.
Además, mediante las enmiendas presentadas se cuestionan las previsiones retroactivas del régimen transitorio del proyecto, que afectan al deudor que hubiera iniciado el procedimiento antes de la entrada en vigor de la nueva ley. También se advierte que la previsión del procedimiento especial para las micro-pymes no tiene en cuenta la definición que para este tipo de entidades establece la normativa europea, dando pie a una aplicación generalizada de un procedimiento especial con una regulación que no debería ser aplicable de forma generalizada. Asimismo, se abordan los problemas derivados de las previsiones que el proyecto realiza sobre las limitaciones de nombramiento de administradores concursales y los relacionados con el sistema retributivo de los mismos.
Por todo lo anterior, este martes, 1 de marzo de 2022, se ha producido una comparecencia en el Congreso de los Diputados para tratar las anteriores enmiendas, así como para conocer los posicionamientos de otros representantes del mundo económico y profesional.
Es relevante poner de manifiesto la importancia que tiene el hecho de que, en el trámite parlamentario de comparecencias acordado por los grupos parlamentarios ante la Comisión de Justicia, comparezcan tres profesionales de la abogacía como Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y los abogados catalanes Martí Batllori y Elisa Escolà, responsable y miembro respectivamente del Grupo de Trabajo de Segunda Oportunidad del ICAB. Este grupo de trabajo está adscrito a la Comisión de Normativa, ámbito en el que el ICAB y el Consell de l’Advocacia Catalana trabajan provechosamente de forma conjunta.
Con la presentación de estas enmiendas y comparecencias en sede parlamentaria, la abogacía busca llevar a cabo su aportación en este proceso de reforma contribuyendo a salvaguardar los derechos de la ciudadanía, potenciar el mecanismo de la Segunda Oportunidad y garantizar la correcta adecuación de la legislación española a la directiva europea.
